El grupo reclama que el Medi-Cal, el programa de salud de California para las personas pobres, le paga a los médicos reembolsos tan malos que no atienden a sus afiliados, dejando a los beneficiarios latinos enfrentando larguísimos atrasos y rechazos en los tratamientos.
En una queja civil presentada el lunes 14 en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), los defensores le piden al gobierno federal que ordene al Medi-Cal aumentar las tasas de reembolsos para que los inscriptos en programa tengan el mismo acceso al cuidado de salud que las personas cubiertas por el Medicare y que los que tienen planes auspiciados por los empleadores.
Más de 12,5 millones de californianos reciben cuidado de salud a través del Medi-Cal, la versión estatal del Medicaid. Cerca de dos tercios son latinos. El programa, que es financiado con dólares estatales y federales, ha visto un crecimiento enorme bajo la Ley de Cuidado de Salud (ACA, por sus siglas en inglés) y ahora sirve a un tercio de los residentes del estado.
De acuerdo con la querella, el porcentaje de latinos en el Medi-Cal ha aumentado a medida que las tasa de reembolsos a los proveedores ha bajado.
La demanda cita provisiones del Acta de Derechos Civiles y del ACA, que prohíben discriminar en los programas federales de salud y actividades que reciben fondos federales.
El estado está entre los que pagan tasas más bajas de reembolso del Medicaid a nivel nacional, de acuerdo con la queja.
“Asegurando que las tasas de reembolso se mantengan excesivamente bajas, el estado de California ha participado en una discriminación ilegal bajo la ley federal y estatal”, dijo Thomas Saenz, presidente y consejero general del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF.
Jennifer Kent, directora del California Department of Health Care Services, dijo en una declaración que no comentaría sobre los detalles específicos del reclamo pero que el departamento monitorea de cerca el acceso a su programa Medi-Cal.
Kent dijo que ella y el departamento “trabajan duro para servir de manera igualitaria a todos los beneficiarios del Medi-Cal”, y que se asocian con planes, condados y otros con el fin de proveer el acceso oportuno a la atención de salud.
La acción de derechos civiles es el último esfuerzo en una campaña que involucra demandas judiciales y cabildeo por parte de defensores y doctores para aumentar los pagos en el Medi-Cal. Muchos proveedores han reclamado que ellos no pueden pagar para tener pacientes del programa.
La demanda federal incluye los nombres de tres beneficiarios del Medi-Cal, un hombre de 61 años quien luchó por encontrar un cirujano para operar su hernia y otro, un hombre de 31 años con parálisis cerebral que tuvo que esperar un año y medio para ver a un neurólogo.
Otros beneficiarios latinos del Medi-Cal reunidos en las oficinas de MALDEF el martes 15 dijeron que ellos también habían tenido dificultades. Norma Gaytán, de 34 años, dijo que ella había sufrido frustrantes esperas para conseguir citas con especialistas con el fin de diagnosticar y tratar sus problemas de estómago.
Gaytán dijo que tuvo que esperar cerca de un año antes de tener una colonoscopía y finalmente tener un diagnóstico de diverticulitis. “Si hubiera tenido otro tipo de seguro, tal vez las cosas hubieran sido mejor”, dijo Gaytán, una madre soltera del este de Los Ángeles. “Seguramente me hubieran visto más rápido”.
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Marta Contreras, de 66 años, dijo que ella también había tenido problemas con el cuidado que su hijo discapacitado necesita a través del Medi-Cal. A comienzos de este año, José Manuel Contreras, de 23 años, estaba teniendo problemas al orinar y fue referido a un urólogo. Pero el especialista estaba a más de 40 millas de distancia y ella no tiene auto. Marta Contreras dijo que nunca había escuchado de la ciudad en donde el doctor tenía su consultorio.
“Es frustrante”, dijo. “¿Por qué nos enviaron tan lejos?”
Abbi Coursolle, abogada en el National Health Law Program,
quien participó en la presentación de la demanda, dijo que su organización ayuda regularmente a personas a lidiar con este tipo de problemas de acceso. Pero, expresó, “no deberías tener que llamar a un abogado para ver a un doctor”.
El Mexican American Legal Defense and Educational Fund, el National Health Law Program, la Civil Rights Education y el Enforcement Center están entre los grupos que presentaron la demanda.
La Oficina de Derechos Civiles del HHS tiene seis meses para investigar el reclamo, dijo Bill Lann Lee, consejero senior del Civil Rights Education and Enforcement Center. La oficina podría referir al Departamento de Justicia para la aplicación o acción legal, dijo.
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