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Al comienzo de este año, trabajadores del estado analizaron el suelo de su casa y hallaron que estaba tan contaminado que tuvo que ser reemplazado. Los oficiales le dijeron a él y a sus vecinos que se dejaran los zapatos puestos cuando estaban fuera de las casas y que no dejaran jugar a sus hijos en el jardín o a sus mascotas husmear en la tierra.

Domínguez, un pequeño empresario de 51 años, se enojó. No podía creer que el estado permitiera que la compañía continuara operando a pesar de las documentadas violaciones. Esto nunca hubiera pasado en Beverly Hills, dijo.

"Aquí, la gente es más vulnerable", agregó. "Mi conclusión es que no importa si nos contaminamos". Domínguez se unió a un esfuerzo comunitario para cerrar la planta, que en última instancia resultó exitoso. Pero ahora, los residentes enfrentan un extenso y costoso proceso de limpieza, se cree el más costoso de su tipo en la historia del estado.

Para muchos activistas comunitarios y expertos en salud pública, la historia de Exide en el condado de Los Ángeles destaca como un ejemplo flagrante de lo que es la discriminación ambiental. La compañía almacenó y dispuso de residuos peligrosos de manera ilegal por años, poniendo en riesgo de envenamiento por plomo a miles de residentes latinos de bajos ingresos. Aún más escandoloso, dijeron expertos, es que el estado de California estaba advertido de la contaminación y no hicieron más por proteger a la comunidad.

"El hecho de que se le permitiera (a Exide) operar por largo tiempo violando las normas básicas del medio ambiente lo convierte en un póster de la injustica ambiental", dijo Rachel Morello-Frosch, profesora de salud pública en la Universidad de California en Berkeley.

El impacto desproporcionado de la contaminación ambiental en las comunidades pobres, en donde viven minorías, es un fenómeno mucho más amplio, bien documentado por los investigadores. Un estudio reciente publicado en el American Journal of Public Health mostró que los latinos y los afroamericanos tienen muchas más probabilidades de vivir en comunidades de California agobiadas por los residuos peligrosos, la exposición a pesticidas y el tráfico sobrecargado.

Alrededor del país, las compañías han sido capaces de sacar ventaja de las comunidades marginadas, a causa de la impresión —o la realidad— de que nadie les presta atención, dijo Adrianna Quintero, directora de alianzas en el Natural Resources Defense Council.

"Generalmente, se trata de la mentalidad depredadora de los contaminadores que saben que están funcionando con cierto nivel de impunidad debido a que muchos políticos hacen la vista gorda", dijo.

En Dickson, Tennessee, por ejemplo, residentes pobres pasaron años viviendo con agua contaminada por toxinas que se filtraban en los vertederos cercanos. Residentes del sudeste de Chicago todavía están peleando por la remoción de pilas de coque de petróleo, un desecho producto de las refinerías.

Y en Baltimore, niños de vecindarios pobres, la mayoría afroamericanos, continúan absorviendo niveles tóxicos de plomo de la pintura de casas viejas que, se sabe muy bien, causan discapacidades de aprendizaje y retrasan el desarrollo.

Rebecca Ruggles, directora de la Maryland Environmental Health Network, un grupo de investigación y defensa, dijo que es difícil para las comunidades de bajos ingresos movilizarse porque no tienen el mismo acceso a internet o a los medios de comunicación que áreas más adineradas, y los residentes pueden no tener tiempo para hacer voluntariado o asistir a reuniones.

"Las personas que vienen no tienen el conocimiento para empujar el cambio", dijo. "¿Cuánto valen la pena estas vidas marrones", sentenció.

Los residentes, mayormente latinos, que viven en comunidades como Boyle Heights, en el este de Los Ángeles y en Commerce, no son ricos y no tienen una historia de compromiso cívico. Muchos están más preocupados por cómo alimentar a sus familias que en pelear por la polución ambiental. Otros son inmigrantes indocumentados, que tienen miedo de hablar.

A pesar que la planta de reciclado de baterías está presente en el área desde 1922, empleó relativamente pocas personas y muchos residentes no tenían siquiera idea de que existía.

Jessica Prieto, de 23 años (en la foto arriba con sus padres), creció en el este de Los Ángeles, a menos de una milla de la planta. De niña, ella y su hermana jugaban a la mancha y corrían entre las regaderas del patio delantero. Sus padres han vivido en el área desde los años 70, sus abuelos viven cruzando la calle.

Ella dijo que ninguno de ellos supo sobre la planta de Exide hasta hace dos años, cuando Prieto se graduó de la universidad y volvió a casa. Estudió planeamiento urbano en San Francisco State.

Súbitamente, dijo, "me di cuenta que estaba viviendo en este lugar que es un ejemplo de mala planificación".

Cuando se diseminó la información sobre los peligros de la planta, varios activistas y residentes como Prieto comenzaron a demandar acción. Organizaron protestas y marchas. Acusaron a políticos y reguladores de no hacer su trabajo.

Esta primavera, bajo una presión creciente, la recicladora de baterías cerró. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar la persecución penal, la empresa admitió la producción de residuos peligrosos, incluyendo plomo y arsénico, y haber roto las leyes sobre el almacenamiento y la eliminación segura de residuos. Exide acordó demoler los edificios y ayudar a limpiar la contaminación.

A través de un portavoz, Exide Technologies con sede en Georgia no quiso hacer comentarios para este artículo.

"Ésta fue una gran, gran victoria", dijo Mark López, quien encabeza la East Yard Communities for Environmental Justice, una organización sin fines de lucro que lucha contra la contaminación industrial.

Ahora, López y otros están volcando su atención a la limpieza. Los residentes temen que el estado no tenga la motivación o el dinero para hacerlo bien.

El estado anunció recientemente que las pruebas muestran que el polvo de plomo puede haber alcanzado a un máximo de 10.000 hogares. Sin embargo, hasta ahora, se han limpiado poco más de 150.

"El plomo puede tener efectos muy graves en el desarrollo neurológico", dijo Gina Solomon, secretaria adjunta para la ciencia y la salud en la Agencia de Protección Ambiental de California. "Eso es lo que más preocupa a la comunidad y a nosotros".

La compañía también emitió exceso de arsénico en el aire, aumentando el riesgo de cáncer y otras enfermedades para unas 110.000 personas, según estimaciones del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La limpieza de cada casa cuesta entre $40.000 y $50.000, con lo que la factura total podría ascender a cientos de millones. Exide ha pagado $9 millones para descontaminar los hogares, y el Departamento de Sustancias Tóxicas recibió un adicional de $7 millones del estado para pruebas y limpieza.

"¿Cuánto cuestan estas vidas?", dijo López, de East Yard Communities. "Hay un precio para esta limpieza. Se nos está diciendo que el dinero no está ahí, pero la pregunta que sigue es: '¿el dinero estará allí para otra comunidad?'"

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas reconoce que los reguladores deberían haber trabajado juntos antes, para hacer frente a los problemas en la planta. Las violaciones ambientales se remontan a más de 20 años atrás, y Exide Technologies ha operado la planta desde el año 2000. Desde el principio, el estado permitió que la instalación siguiera operando. "Todos nosotros deberíamos haber actuado antes para tener una visión más completa de lo que las operaciones de esas instalaciones significaban para la salud de los residentes", dijo Barbara A. Lee, quien asumió el cargo de directora del departamento a finales del año pasado.

Lee dijo que el departamento había tratado de cerrar la instalación en el pasado, pero los tribunales habían bloqueado el esfuerzo. Con la información nueva de este año en la mano, la agencia dijo que había informado a la empresa que se le iba a denegar un nuevo permiso.

El departamento dijo que ahora está concentrado en ver cuál es la mejor manera de desmontar la planta de forma segura, continuará con las pruebas y la descontaminación de los vecindarios aledaños, dijo Lee.

Salomón, de la EPA de California, dijo que entiende la ansiedad de la comunidad. Pero dijo que décadas de decisiones pobres sobre el uso de tierras y la contaminación han resultado en condiciones insalubres, y "es algo que va a tomar un poco de tiempo arreglar".

"Estamos haciendo lo mejor que podemos lo más rápido que podemos", dijo.

Eso no es lo que Frank Villalobos, de 67 años, quiere oír. En una noche reciente, Villalobos se reunió en la Iglesia de la Resurrección con otros feligreses para discutir el tema de Exide y otros problemas ambientales que azotan a su barrio, incluyendo las principales autopistas y terminales ferroviarias.

Para empezar, Villalobos instó a los miembros de la iglesia a escribir cartas a los políticos y reguladores que empujan la demolición de la instalación Exide.

Teresa Márquez, de 67 años, dijo que simplemente quiere que el estado descontamine el resto de los hogares.

"Tienen que venir y limpiar esas casas ahora", dijo. "En mi mente, veo niños jugando en el patio. Eso me molesta mucho".

Monseñor John Moretta, de la Iglesia de la Resurrección, ha sido una de las voces más fuertes en contra de Exide en los últimos años. Él culpa al estado por no garantizar la seguridad de la planta e insta a la comunidad misma a seguir de cerca la eliminación del plomo y otras toxinas.

"Tenemos que estar atentos", dijo. "La limpieza es una gran cosa. Si no monitoreamos nosotros que se haga, entonces ¿quién lo hará?".

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