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En abril de 2021, el gobierno de México reconoció públicamente que sus informes previos a esa fecha sobre las muertes a causa de COVID-19 en el país tenían un dramático margen de error: eran un 60% más de lo que se había informado. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que había habido un subregistro de unas 120,000 muertes.  

A fines de 2020 y principios de 2021, cuando el mundo miraba la crisis sanitaria por COVID-19 en Brasil y Estados Unidos, y a sus líderes Donald Trump y Jair Bolsonaro, minimizar el impacto de la pandemia, México sumaba una cifra similar de casos y muertes en silencio, alejado de los titulares, generando una profunda debacle sanitaria, económica y social en el país.

Aunque en las antípodas políticas de Trump y Bolsonaro, López Obrador tuvo una actitud bastante similar a sus colegas presidentes en cuanto a su posición ante la pandemia de COVID-19. Se negó a usar máscara, aún después de haberse infectado y haber desarrollado la enfermedad dos veces, y se resistió a invertir en programas sociales para ayudar a las poblaciones más vulnerables a enfrentar al coronavirus.

La mayoría de los líderes de Latinoamérica reaccionaron rápido al comienzo de la pandemia, limitando el tránsito aéreo y entre fronteras, y promoviendo el aislamiento y distanciamiento físico. Sin embargo, López Obrador permaneció reacio a poner en marcha las medidas que clamaban los expertos en salud pública. El país nunca cerró sus aeropuertos ni restringió viajes.

Y, además, el mandatario siguió realizando mitines a lo largo del país, parte de su agenda para promover sus programa rurales, sin cubrebocas, caminando entre la multitud y besando a sus seguidores.

México es uno de los países más densamente poblados, en una región en donde cerca de 500 millones de personas carecen de un apropiado sistema sanitario y viven en viviendas multigeneracionales y vecindarios hacinados. Un caldo de cultivo fantástico para un virus.

Mientras la negación seguía su curso, los casos de COVID-19 aumentaban, y también las muertes. Ciudad de México se convirtió en el emblema de la falta de políticas, primera en la lista de casos y ya en 2020 vaticinando un sistema hospitalario desbordado.

Una de las acciones más criticadas de la administración de López Obrador fue que se negara a declarar la emergencia sanitaria, una acción administrativa que habilita a los gobiernos a mover recursos para enfrentar la emergencia y también a recibir ayuda de organismos internacionales.

Esa falta de acciones de salud pública impactarán en el país por años luego que se declare el fin de la pandemia de COVID-19, dicen expertos.

En un video presentado ante colegas en septiembre de 2020, el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de Medicina Interna en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, y encargado del Programa COVID-19 del mismo hospital, dijo en avanzada lo que luego los reportes confirmarían, "en México no tenemos una ola de casos de COVID-19, tenemos un tsunami".

Durante la época de Fiestas de 2020, México se convirtió en el primer país en comenzar a administrar la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. 

Pero la crisis sanitaria se complicó cuando hubo problemas con el acuerdo de vacunas con la farmacéutica y el suministro prácticamente se detuvo por un mes entre enero y febrero de 2021. Esa fue una enorme ventana de oportunidad para que el coronavirus siguiera circulando.

Expertos de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins dijeron que la falta de vacunas en ese período resultaron en cerca de 3,500 muertes. 

Un estudio del Institute for Global Health Sciences de la Universidad de California en San Francisco determinó que se podrían haber prevenido unas 190,000 muertes si México hubiera manejado mejor la pandemia.

Luego de esta situación, México buscó vacunas en China, Cuba y Rusia. Finalmente el país recibió 870,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas en la India.

En medio de estas situaciones extremas, no solo el coronavirus seguía circulando, sino que se fortalecía con nuevas variantes, la poderosa delta y la súper contagiosa ómicron más adelante en el año.

Y las disparidades, como en otras sociedades, se hicieron aún más evidentes en el trans, desde el acceso a las pruebas hasta los diagnósticos y tratamiento. La forma de abordar los tests en México es solo si la persona tiene síntomas, lo que también complicó la detección de casos asintomáticos (un gran porcentaje de los casos de COVID-19). 

Esta limitación de las pruebas también ha hecho que hubiera resultados mixtos con el rastreo de contactos.

Otra inequidad: el número de muertes en hospitales del sector privado también han sido significativamente más bajas que en hospitales públicos.

Al 2 de febrero de 2022, México suma un total de casi 5 millones de casos, con 306,920 muertes a causa de COVID-19. Y se han administrado 166 millones de dosis. 

Un análisis de la Universidad de Tulane de la situación socioeconómica de México producto de COVID-19 puede profundizarse y durar mucho tiempo, con miles que ya han pasado, y seguirán cruzando la línea de pobreza. Especialmente entre los llamados "moderadamente pobres", que dependen de salarios para su subsistencia, a diferencia de comunidades rurales que cultivan sus propios alimentos.

Aunque esta tendencia aparece en otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Colombia, según el análisis de Tulane sugiere que el mayor impacto lo vivirán México y Brasil.

Y lo adjudican en gran parte a algo ya mencionado: la ausencia total de planes federales de asistencia social adicional durante la crisis pandémica.